El oscuro futuro del deporte blanco

Artículo publicado en la revista Ecologista,nº 73, verano 2012

El oscuro futuro del deporte blanco. Estaciones de esquí

Mariano Polanco (Miembro de Ecologistas en Acción Sabiñánigo, esquiador y habitante de la montaña).

Los paisajes de montaña se formaron con una gran lentitud y atesoran demasiada belleza y valor como para ser destruidos o degradados del modo en que lo estamos haciendo. La industria del esquí y sus desmesurados desarrollos urbanísticos son en buena parte responsables de esta situación.

El sector del esquí acaba de sufrir otro duro revés al final de una de las peores temporadas de las últimas décadas por falta de nieve y agotamiento del insostenible modelo por el que han optado la mayoría de las estaciones. Hace siete años, en el IV Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, los expertos de todo el mundo advirtieron del agotamiento del patrón del negocio del esquí y una de las voces más pesimistas fue la de su secretario general, Francesco Frangialli, que aseguró: “El negocio

de la nieve tira piedras a su propio tejado al mantener el modelo actual”.

Cañones contra el cambio climático

La complicada situación vigente es el resultado de una imprudente y precipitada huida hacia adelante tratando de tomar ventaja a unas condiciones meteorológicas y económicas cada vez más desfavorables. La ostensible disminución de precipitaciones de nieve se ha tratado de paliar con costosísimos sistemas de innivación artificial, pero las crecientes adversidades van desbordando las capacidades de los cañones de nieve, el aumento de las temperaturas reduce su utilización y otras veces funde en pocas horas la nieve producida con un alto coste energético y ambiental. Estos equipamientos requieren

de enormes balsas de acumulación y de captaciones de agua en los cursos de los ríos de montaña provocando impactos y deteriorando su zona más frágil y vulnerable además de alterar el ciclo hidrológico en la alta montaña.

La costosa inversión y el alto gasto de funcionamiento está empezando a ser un lastre en vez de una solución y además las perspectivas climáticas son muy hostiles. Jean Paul Ceron, del Centro de Derechos Ambientales de la Universidad de Limoges, advierte de que esas millonarias inversiones podrían quedar en nada si el cambio climático sigue desbordando las predicciones. Caso paradigmático ha sido el incendio del pasado marzo en el Valle de Castanesa (Pirineo aragonés) en el que las llamas subían quemando pastizales hasta las cumbres a 2.600 metros de altura y luego descendían por los valles contiguos. Resultaba desolador contemplar que donde hace años se acumulaba la nieve, el fuego calcinaba los pastos de montaña. Incluso así el Gobierno de Aragón mantiene el propósito de desarrollar una inviable y megalómana estación de esquí con macroedificios en collados a 2.300 m de altura y pretende construir 4.000 viviendas en un valle habitado por menos de 100 vecinos.

El binomio nieve-ladrillo

Construcción de un aparcamiento en Formigal, inicialmente previsto para 3.000

plazas, la desestabilización de la ladera lo redujo a 1.200.

A las hostiles condiciones meteorológicas se ha sumado el equivocado modelo seguido, que ha depositado en el insostenible binomio nieve-ladrillo todas las proyecciones a futuro. Las estaciones de esquí son empresas deficitarias, que han sustentado su financiación con la urbanización de zonas periféricas recalificadas de rústicas a urbanizables. Esta prebenda está indisolublemente asociada a la concesión del aprovechamiento, para el esquí, del monte público. Agotada la superficie edificable, la crisis estaba asegurada, pero las Administraciones han ido colaborando con la ampliación de estas zonas o la hipertrofia urbanística de los pueblos del entorno.

La faceta más oscura se ha manifestado cuando las Administraciones autonómicas –sobre todo el Gobierno de Aragón– han tomado bajo su tutela estas empresas, protagonizando los peores ejemplos de especulación urbanística y la adopción de tipos de estaciones de esquí tremendamente destructivas. En vez de adaptar los proyectos al relieve de las montañas, se ha optado por intervenir de forma devastadora, desfigurando la montaña y desestabilizando laderas con un coste y destrucción ambientales irrecuperables. La misma administración que promueve estas actuaciones es la que rige todo el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, con lo que el resultado positivo está garantizado, con algún irrelevante recorte. La artimaña ya es vieja y muy conocida: “Proyecta una monstruosidad para que te autoricen una barbaridad”. Y con esta simpleza la autoridad ambiental intenta un imposible lavado de cara.

Al destrozo paisajístico y ambiental habría que añadir el patrimonial. En el Pirineo aragonés, un espantoso edificio de apartamentos, hunde sus cimientos en el yacimiento del monasterio medieval de Santa Cristina de Somport y varios monumentos megalíticos han sido afectados en su estructura o con la degradación del entorno.

Además, con la connivencia de casi todas las Administraciones, las estaciones de esquí existentes, sus ampliaciones y las proyectadas, han disfrutado de unos inexplicables privilegios para sortear todos los impedimentos legales, ya sean urbanísticos, ambientales o de cualquier otra índole. Desgraciadamente en el tema que nos ocupa la práctica de los hechos consumados ha sido una conducta practicada con prepotente frecuencia. Hasta tal punto que las Administraciones ante sentencias contrarias de los tribunales, han llegado a

modificar leyes de protección ambiental para tratar de emplazar instalaciones de esquí en Parques Naturales, descatalogando zonas de alto valor ecológico, dando cobertura a maniobras de especulación urbanística que son el auténtico fin de la iniciativa. El proyecto de estación de esquí de San Glorio en las montañas cantábricas es el paradigma de estas prácticas. Pero más lamentable es el caso de Port Ainé, una estación que vivió un proceso parecido y que creó polémica desde su apertura debido a que se instaló en una zona de máximo interés ecológico que albergaba una importante población de urogallo: cuando su situación económica llegó a ser inviable el Instituto Catalán de Finanzas acudió en su socorro; y cuando no pudo hacer frente ni a los intereses de los créditos concedidos, la Generalitat tuvo que hacerse cargo de ella.

A cargo del contribuyente

Las estaciones más deficitarias regidas por empresas privadas suelen contar con injustificables créditos otorgados por entidades administrativas. Cuando les resulta imposible afrontar la amortización y llegan al colapso económico son integradas en empresas públicas, soportando los ciudadanos las deudas acumuladas, los gastos de explotación y los costos de renovación de equipamientos. La Generalitat de Cataluña se ha hecho cargo de las deficitarias estaciones de Port Ainé, Espot, Vall Nuria y La Molina, y actualmente son gestionadas por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rassos de Peguera tuvo cerrar hace más de nueve años y la de Llesuí hace 24. Boí Taüll, que acumula una deuda superior a los 45 millones de euros, de los que 7,5 pertenecen al Institut Català de Finances (ICF), se ha declarado en concurso de acreedores y ha iniciado un ERE para sus 90 trabajadores. Conocedor de los hechos, el delegado de la Generalitat en el Pirineo, Albert Alins, ha manifestado que si no sale un gestor privado, el Gobierno de CiU no permitirá que la estación cierre definitivamente. Además, Josep Ramon Sanromà, consejero delegado del ICF, presiona al juez para que resuelva el proceso concursal antes del próximo mes de octubre, al tiempo que admite que la gestión de la estación puede ser pública. En estas cuestiones Cataluña no es un caso único, estos asuntos se repiten por el Sistema Central, Aragón y la Cordillera Cantábrica.

En otros casos las Administraciones han creado opacas sociedades de capital público y régimen de empresas privadas, para manejar la quimera del esquí-urbanismo, abanderando la especulación en la montaña. La empresa Aramón en Aragón es el más desafortunado ejemplo de esta práctica: con una deuda de 95 millones de euros y una pérdida de 20 millones en la temporada pasada, se encuentra en una situación crítica. El final de la burbuja inmobiliaria y la crisis han puesto en una situación muy comprometida a estas sociedades, que malviven con inyecciones anuales de millones de euros, arrastrando tremendas deudas y anunciando drásticas reducciones de plantillas. Una auditoría de sus cuentas revelaría cosas inauditas.

Pero en algunos valles se han extraído conclusiones, como en el Vall de Boí, donde de cara al futuro se antepone la rentabilidad de los espacios naturales protegidos frente al esquí. De hecho, empresarios y alcaldes de la zona prefieren el Parque Nacional de Aigües Tortes respecto la estación de esquí de Boí Taüll. La comarca vecina del Pallars, que no es ajena al fenómeno, ha pedido a la Generalitat la ampliación en un 25% de superficie del parque en su zona.

Ecologistas en Acción no está radicalmente en contra del esquí y reconoce la dinamización socioeconómica que supone para algunos valles, pero creemos que ha llegado el momento de replantear sosegada y responsablemente cambios en el modelo, que se establezcan los límites y que se redimensione como una actividad complementaria en la necesaria diversidad económica de las montañas.